Es momento de reducir el consumo de plástico virgen de un solo uso utilizando botellas plásticas de PET fabricadas con material reciclado ORIGIN®. Al cumplir la Ley, las empresas aportan al cambio construyendo un mundo más sostenible.

Conoce 5 claves de la Ley que ayuda a reducir el plástico de un solo uso en Ecuador

En Ecuador existe una Ley que busca la reducción del consumo de plástico virgen de un solo uso y que determina el porcentaje mínimo de plástico reciclado que deben contener las botellas plásticas de PET que circulan en el país para envasar bebidas y alimentos.

1. Todas las empresas que utilizan, producen, importan, distribuyen y comercializan botellas plásticas de PET, en el mercado nacional, deben cumplir con el porcentaje mínimo fijado por la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, que entró en vigencia el 21 de diciembre del 2020.

2.En menos de tres meses, a partir de este 21 de diciembre de 2023, las botellas plásticas de PET que circulan en el país para envasar bebidas y alimentos de consumo humano deben contener un mínimo de 15% de plástico reciclado. Hasta antes de esta fecha, la norma era de un mínimo del 5%; mientras para diciembre del 2024, el porcentaje se elevará al 30%.

3.La Ley prohíbe la comercialización y uso de envases de plástico virgen de un solo uso para bebidas y alimentos de consumo humano en playas, riberas de ríos, lagos, bosques protectores, páramos y todos aquellos lugares que son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

4.Los fabricantes de botellas plásticas no retornables de PET para bebidas y de todo tipo de envases plásticos de PET para alimentos -conocidos como laminados termoformados- deben incorporar un 25% de material plástico reciclado en sus productos. Solo hay una excepción: las botellas no retornables de PET para bebidas que requieren procesos térmicos para su llenado no están obligadas a incorporar material reciclado.

5.La Ley establece sanciones económicas para las infracciones leves, graves o muy graves, las cuales se calculan de acuerdo con la capacidad económica del infractor. Los ministerios de la Producción y del Ambiente son los responsables de la aplicación de estas normas legales.

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